Pasado Meridiano

Se pone de a peso

Conforme se acerca el fin de la era azul en el gobierno del estado, las cosas se están poniendo de a peso ya que aun cuando el Gobierno de Tamaulipas en comunicado asegura no existen órdenes de aprehensión en contra de colaboradores cercanos del gobernador electo Américo Villarreal, y pues las que llegan a existir fueron emitidas en el 2018 y 2021, pues parecería que estas declaraciones no serían del todo ciertas luego de que trascendiera que un alto funcionario del Supremo Tribunal de Justicia buscó fabricar un nuevo delito en contra del ex alcalde de Nuevo Laredo, Carlos Canturosas, buscando con ello una nueva orden de aprehensión en base a hechos ya juzgados.
Es a través de un audio que el funcionario secretario particular del presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado pretendió presionar a un juez de Control para que se dé la orden de aprehensión contra el ex edil, pero lo más lamentable es que era sobre delitos ya aclarados y resueltos a favor de Canturosas por las autoridades federales, pero aún así el funcionario pretendía que éste fuera vinculado a proceso para ejecutarle una medida cautelar como la prisión preventiva.
Ante esta irregularidad la juez se negó rotundamente debido a que hasta ella podría alcanzar responsabilidad, ante lo que el funcionario explotó reaccionando de una manera prepotente y altanera refutándole que vería más opciones con otros jueces, a los que a través de mensajes de texto ha presionado para buscar salirse con su objetivo, mandar a la cárcel no sólo a Canturosas sino también a otros colaboradores cercanos al gobernador electo, aun cuando el secretario particular del presidente del Supremo Tribunal de Justicia no tiene legalmente la atribución para estar dando este tipo de órdenes a los jueces por lo que estaría incurriendo además de una ilegalidad también en algunos delitos, todo dentro de las acciones que se están haciendo con el fin de frenar la llegada de Américo Villarreal a la gubernatura el próximo 1 de octubre.
Fue el pasado miércoles cuando el gobernador electo Américo Villarreal habría denunciado que un juez habría liberado órdenes de aprehensión en contra de autoridades electas, así como miembros de su partido y contra su persona, juez que habría sido removido de Altamira a Ciudad Victoria para que emitiera dichas órdenes de aprehensión en contra del alcalde Eduardo Gattás, el ex alcalde Carlos Canturosas y Manuel Muñoz, entre otros.
Mientras que la juez que se negó a prestarse a esta sucia maniobra pues estaría siendo castigada al ser trasladada a Matamoros.
En tanto este viernes el equipo jurídico de Américo Villarreal en conferencia de prensa informó sobre las maniobras que se están moviendo para frenar la llegada de Villarreal Anaya a la gubernatura, pero pese a todas las artimañas nada frenará que el próximo 1 de octubre tome posesión.
Ahí informaron que no permitirán que el Magistrado Reyes Rodríguez Mondragón siga obstaculizando y retardando la sentencia contra Cabeza de Vaca y su asesor panista Roberto Gil Zuarth, por lo que hicieron un llamado al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para que resuelva pronto la calificación de la elección en Tamaulipas ya que no se puede mantener el estado a la expectativa y en una indefinición de los resultados ya que no existen elementos probatorios como para fallar a favor de los panistas.
Finalmente, el municipio de Matamoros retomó el control del edificio de la Secretaría de Seguridad Pública y el mando operativo, administrativo y financiero de la Dirección de Tránsito y Vialidad, luego que por espacio de dos años estuvo bajo el Gobierno del Estado.
Tal como semanas atrás el alcalde Mario López lo había declarado, que sería Jorge Orizaga quien asumiría el cargo como encargado de despacho de esta secretaría, cargo en el que ya cuenta con vasta experiencia y del cual se retirará luego de que el gobierno estatal decidiera incursionar bajo argumentos sobre presuntas irregularidades detectadas, pero que no dejaron convencidos a muchos sobre todo al gobierno municipal que se vio obligado a impugnar este decreto para poder recuperar el edificio de la SSP, por cierto Orizaga también continuará a cargo de Protección Civil y Bomberos.
Finalmente, y ante el término del decreto y aun cuando la ley le dio la razón al ayuntamiento sobre que era violado su soberanía y tras larga espera este jueves acudió una comitiva integrada por el Secretario del Ayuntamiento Carlos Ballesteros Gálvez, la contralora Raque González, así como funcionarios de dependencias como la Dirección Jurídica, Patrimonio Municipal, entre otras, para verificar las condiciones en las que se encontraba el edificio y demás bienes conforme al inventario municipal.
Y es que a decir verdad el lugar se encontraba convertido en un muladar, con el estacionamiento lleno de autos chatarra que asemejaban más un deshuesadero que una Dirección de Seguridad Pública, un búnker al que los medios tenían más que prohibido entrar, por lo que aquello de la transparencia simplemente era letra muerta.
Fue precisamente por eso cuando arribó el contingente luego de una reunión con los elementos de Tránsito se iniciaron los trabajos para verificar las condiciones en las que se recibía el inmueble.
Por lo que a Francisco Javier Rojas Bárcenas le tocó ahora agarrar todos sus tiliches y retirarse junto con aquellos que llegaron acompañándolo hace dos años para asumir el control de una dependencia que el estado controlaba, pero el municipio era el que corría con los gastos