Corrupción, imprescriptible
Con cinco ex gobernadores acusados de delitos relacionados con hechos de corrupción y 103 servidores públicos imputados en 2020 por falta de probidad, una encuesta del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) indica que la corrupción representa uno de los problemas más graves de Tamaulipas.
Así, la difícil –pero no imposible–, vuelta a la normalidad del ejercicio de la actividad política en Tamaulipas, emprendida ya por la 65 Legislatura estatal con la instrumentación de una serie de iniciativas, se propone desterrar estas prácticas en el aseo sexenal de la casa.
La Propuesta legislativa Delitos por Hechos de Corrupción en Tamaulipas, establece un límite de decencia a la desbocada vida de oropel que llevaban los funcionarios del gobierno del estado, por lo que, a partir de su aprobación, los delitos cometidos por servidores públicos que atenten contra el principio de honradez, imparcialidad y causen daño grave económico al patrimonio del Estado, serán imprescriptibles.
En Tamaulipas y conforme a datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, sólo en 2019, cerca de 300 mil ciudadanos del Estado, fueron víctimas al menos de un acto de corrupción. La misma encuesta indica que la corrupción representa uno de los problemas más graves de la Entidad.
La situación ha alcanzado niveles tan delicados, que Tamaulipas tiene a cinco ex gobernadores acusados de delitos relacionados con hechos de corrupción y si bien en el año 2020 se imputaron delitos a 103 servidores públicos, ello no refleja la grave realidad de la corrupción en el Estado.
Resulta evidente que los esfuerzos han sido apenas poco menos que infructuosos y cada vez se hace necesario fortalecer el sistema anticorrupción, con mayor intensidad en cuanto a las sanciones aplicables y a la posibilidad de castigarlas a pesar del paso del tiempo.
Si bien el combate a la corrupción es una tarea de difícil realización, no debe descartarse que se obtengan resultados favorables en el mediano plazo, implementando medidas de combate en todos los órdenes de gobierno, desde las medidas legislativas hasta la administración de justicia, para conseguir no sólo el castigo a los responsables, sino la reparación de los graves daños que, las conductas ilícitas de los servidores públicos, causan a las haciendas de los tres niveles de gobierno, cita.
De otro lado y para establecer un orden en los salarios de funcionarios públicos, se envió la Iniciativa de las Remuneraciones de las Servidoras y Servidores Públicos, cuyo Artículo 11, establece que “La remuneración que corresponda a la persona titular del Poder Ejecutivo del Estado, en ningún caso podrá exceder a la que corresponda al Presidente de la República”.
Esto significa que al entrar en vigor este ordenamiento, el gobernador FRANCISCO N tendrá un decremento salarial, pues actualmente percibe casi 168 mil pesos mensuales, cuando el del Presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR es de 112 mil pesos.
Sobre el particular, cuentas bancarias del senador ISMAEL GARCÍA CABEZA DE VACA que fueron “congeladas” bajo la presunción de provenir de ilícitos, permanecen bajo investigación, luego que un juez federal negó amparo al hermano del gobernador para tener acceso a sus activos, que presumiblemente suman 65 millones de pesos.
Igual sucede con el gobernador FRANCISCO N., cuyas cuentas permanecen “congeladas” por permanecer desaforado por la presunción de los delitos de delincuencia organizada, uso de recursos de procedencia ilícita, defraudación fiscal equiparada, con lo que se convierte en potencial candidato a la prisión.
Por hoy es todo, nos leemos mañana.
