4T «acelera» el 2021
La abortada iniciativa presidencial que se proponía dejar manos libres al presidente LÓPEZ OBRADOR para reorientar discrecionalmente recursos del Presupuestos de Egresos en caso de emergencia económica, precipitó la muy esperada contienda político-electoral de 2021, pues Morena y sus aliados [PT, PES y Verde], apuraron que PAN, PRI, PRD y MC se unieran en Grupos Parlamentarios en Contención, cerrando filas al frustrado absolutismo totalitario de la 4T.
Pero eso no es todo: el senador RICARDO MONREAL ÁVILA, articulador de los lineamientos políticos del gobierno de la Cuarta Transformación, abrió fuego contra los gobernadores promotores de la revisión de la fórmula de distribución del Pacto Fiscal Federal, recurriendo incluso a su espacio periodístico en red nacional para descalificar a por lo menos 12 mandatarios estatales involucrados en este propósito, a quienes tildó de “separatistas” y “secesionistas”.
Así, “guerra sucia” de por medio a cargo del mozo de estoques de MONREAL, su suplente ALEJANDRO ROJAS DÍAZ DURÁN, con la colaboración “desinteresada” del diputado federal ARMANDO ZERTUCHE ZUANI, se abrió en territorio una prematura guerra política rumbo a la hegemonía partidista de 2021.
Obvio: en su colaboración periodística nacional, MONREAL ocultó decir que los gobernadores buscan equidad en la distribución del ingreso federal, y justicia en la proporción participable entre lo que capta la Federación y lo que reparte a las entidades.
Y también soslayó que el principal “secesionista” del país es el presidente LÓPEZ OBRADOR, quien día con día en sus conferencias matutinas polariza a la sociedad con sus discursos de odio.
Pero, al margen de subjetividades, la contienda interpartidista en la cámara baja ya polarizó a las distintas fuerzas políticas ahí representadas, de modo que esa confrontación que surgió a raíz de la frustrada ruptura constitucional que intenta Morena con la distribución discrecional del Presupuesto de Egresos, seguirá más allá de 2020 hasta “aterrizar” en las entidades federativas que en el 2021 cambiarán de gobernador.
Y en Tamaulipas, junto con la elección de presidentes municipales, diputados locales y diputados federales, esa confrontación venenosa que alienta Morena y sus secuaces desde la cúspide del poder, servirá como caldo de cultivo hacia la Elección-De-Elecciones.
La de 2022, que definirá si Acción Nacional se queda otros seis años en Tamaulipas, o si se va.
Vuelvo a Reynosa para compartirle que la doctora MAKI ESTHER ORTIZ DOMÍNGUEZ, participó en «La Proyección Financiera en México y las Afectaciones en el Ámbito Local de la Contingencia Sanitaria», un foro promovido por la Asociación Nacional de Alcaldes de México, ANAC, para analizar y prever actuaciones resolutivas a los efectos adversos de la pandemia por Covid-19.
En la sesión de trabajo de la ANAC, la alcaldesa de Reynosa dio una destacada disertación ante los presidentes municipales del país, encabezados por el dirigente de la asociación, ENRIQUE VARGAS DEL VILLAR, quien también es alcalde de la ciudad de Huixquilucan, Estado de México y por MARÍA EUGENIA CAMPOS GALVÁN, vicepresidenta de Comunicación y alcalde de Chihuahua, Chihuahua.
Por vía digital, la videoconferencia «La Proyección Financiera en México y las Afectaciones en el Ámbito Local de la Contingencia Sanitaria», fue expuesta por el Dr. FERNANDO APORTELA RODRÍGUEZ, ex subsecretario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
También participaron en la dirección del tema, la Mtra. MARCELA ANDRADE MARTÍNEZ, ex titular de la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Dr. ALEJANDRO POIRÉ ROMERO, decano de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del Instituto Tecnológico de Monterrey.
A propósito de Reynosa, el gobierno municipal recibió el dictamen médico de la Secretaría de Salud de Tamaulipas, a través del Laboratorio Estatal de Salud Pública, con el cual se descarta que la Coordinación de Protección Civil de este municipio cuente con un elemento infectado por Covid-19, como lo señalaban personas que ninguna relación tienen con instituciones de sanidad pública
