+ Viola Congreso decreto en materia de discapacidad.
Hoy iniciamos con un refrán: El que es buen juez por su casa empieza. Resulta que desde el 15 de mayo de este año y a la fecha, este poder legislativo, “dizque” libre y soberano, tiene en su congeladora una iniciativa que la fracción mayoritaria panista presento y que a la letra decía: Se exhorta a los tres órdenes de gobierno, a realizar los trámites conducentes de trabajo a las personas con discapacidad, con la finalidad de que estás, sean totalmente independientes y alcancen un desarrollo integral.
Sin embargo, en su exposición de motivos de esta iniciativa de punto de acuerdo, se indica que mediante decreto número LXII-1170 de fecha 26 de septiembre del 2016, el Congreso del Estado de Tamaulipas, expidió la Ley de los Derechos de las Personas con Discapacidad, misma que, en su artículo 35 establece:
“Artículo 35. Es obligación de todas las autoridades de la Administración Pública del Estado de Tamaulipas, designar al menos el tres por ciento de su base laboral a la contratación de personas con discapacidad, misma que estará determinada por la certificación de sus competencias respectivas”.
Se señala también que desgraciadamente un buen número de personas con discapacidad no tienen acceso a disfrutar de un trabajo, el cual les permita ser totalmente independientes, para así poder contar con los medios suficientes y que de esta manera, puedan formar su propia familia.
Digo esto, porque al interior del poder legislativo panista, según se tiene una base laboral de casi 300 personas, pues ahí debe haber según este decreto, casi nueve personas laborando y creo que no las hay. Esto antes de haberse llevado el mentado Primer Parlamento Incluyente de Personas con Discapacidad de Tamaulipas, donde el Congreso de Tamaulipas, sin duda está violando un decreto como el antes citado.
Hay que hace mención que este decreto se realizó en cumplimiento a la Convención Internacional de las Personas con Discapacidad, posteriormente la Cámara de Diputados, expidió la Ley General de las Personas con Discapacidad, por lo que este parlamento, con ello sale sobrando, debido a que al menos en este poder no se cumple con ese decreto publicado en el 2016.
Sin embargo, aquí sólo hablo del poder legislativo, falta el poder judicial y el ejecutivo, donde me atrevo a decir que este “tres por ciento” de que habla el decreto, no se cumple a carta cabal, por lo que estos tres órdenes de gobierno están “violando” flagrantemente el artículo 35 de la Ley de los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad.
Por lo tanto, veremos si antes, no sólo la comisión de Gobernación a donde se mandó la iniciativa panista, sino las comisiones legislativas de Derechos Humanos de José Ciro Hernández Arteaga y de Grupos Vulnerables de la candidata a la presidencia municipal de Reynosa, perdón diputada, Juana Alicia Sánchez Jiménez, dictaminen, esta iniciativa donde se exhorta a los tres órdenes de gobierno a que cumplan con el tres por ciento de su base laboral a la contratación de personas con discapacidad.
También veremos si son capaces los diputados panistas de castigarse por sí mismo, primero por no dictaminar un exhorto como el que describo, porque no sólo se viola el derecho humano, sino que han mandado un ciento de exhortos a que otros cumplan la ley, cuando el poder legislativo, “ha sido candil de la calle y obscuridad de su casa” y para muestra un botón.
La violación no es sólo a este decreto del 2016, sino a la Constitución, al Tratado Internacional, a la Ley General, como a las leyes locales, donde el Congreso al menos se ve que no cumple, sino que están violando una garantía a las personas con discapacidad al menos aquí en Tamaulipas.
A mi juicio, no creo que con parlamentos y otras cuestiones más se pueden ayudar a estas personas que me merecen todo mi respeto, sino que lo que se necesita son políticas públicas con altura de miras, pero más de recursos económicos, para solventar una serie de irregularidades que existen en los edificios públicos, sean municipales, estatales o federales, no se diga en las escuelas públicas, no solo del área urbana, sino rural, donde ni banquetes tienen las instituciones educativas, entre otras cosas.
Por lo tanto, hoy el Congreso de Tamaulipas, con este decreto, ha violado todos los derechos de estas personas con discapacidad, porque, primero no se ha dictaminado y segundo, ninguno de los tres poderes ha cumplido con ese “tres ciento” que dicta el artículo 35 de la Ley de Derechos de Personas con Discapacidad. En fin. “El que es Buen Juez por su Casa Empieza”.
Por hoy es todo.
HASTA LA PRÓXIMA.
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