País en guerra
Cuarenta mil desaparecidos, 26 mil cuerpos sin identificar y, por lo menos, una decena de mujeres asesinadas cada día son los indicadores reconocidos oficialmente; más los 34 mil muertos en 2018 que registró el Índice de Paz México 2019 presentado, de manera simultánea a esta visita, por el Instituto para la Economía y la Paz, ONG internacional con sede en Australia, del cual seguramente también fue enterada.
El dato global del que disponía Bachelet para dar su mensaje era el de 252 mil 538 personas asesinadas de 2006 a la fecha. Un horror, para decirlo claro, con lo que se topó la comisionada.
Las cifras de violencia en México son propias de un país en guerra, dijo Bachelet y, obviamente, le asiste la razón. El presidente López Obrador usó la misma palabra: guerra. Llevamos años utilizando la expresión, casi hasta verla con naturalidad.
La guerra que se emprendió para combatir la inseguridad y la violencia en los sexenios pasados ha trastocado los ejes fundamentales de la convivencia pacífica en porciones muy grandes del territorio nacional.
La apuesta de López Obrador es una mezcla de ingredientes que van desde atender las causas que dan origen, en parte, al problema con la generación de becas, empleos y atención a los jóvenes, hasta fortalecer valores culturales, morales y espirituales.
Con ingenuidad, con audacia o entrometiéndose donde no le toca –según se vea– plantea una suerte de recambio cultural como parte de su estrategia de pacificación, “..que ya no predomine la idea individualista, egoísta, de que lo importante es tener dinero; que ya no sean los bienes materiales lo principal; acabar con el lujo barato y buscar mejores condiciones de vida para que exista en realidad un bienestar del alma”.
La distribución masiva de la Cartilla moral de Alfonso Reyes o la nueva que se encuentra en proceso de consulta, obviamente, no alcanzarían para lograr esta reconversión en la escala de valores de la sociedad o de parte de ella a la que aspira López Obrador.
Más allá de consideraciones morales o modelos de vida como los que sugiere el Presidente, el gran desafío es instalar en México una cultura de la legalidad y un nuevo paradigma de rechazo social a conductas que hasta ahora han sido ampliamente toleradas como la corrupción, el abuso, la mentira y, por supuesto, la impunidad.
La violencia no paró, no podía parar, con un simple cambio de Gobierno. El sexenio empezó con al menos 7 mil 299 investigaciones por homicidios dolosos y 240 feminicidios. La violencia no se detuvo con la promesa de una cuarta transformación. Andrés Manuel decidió apostar de nuevo por los militares.
La Guardia Nacional se convierte en la principal apuesta del sexenio para enfrentar la inseguridad y la ola de homicidios y criminalidad. Después de un proceso tormentoso y cambios sustanciales en la iniciativa original, se aprobó, a la velocidad del rayo, este nuevo cuerpo en el que concurren fuerzas civiles y militares pero que, finalmente, contará con un mando militar.
La oposición pasó del consenso pleno y unánime del proyecto votado a los cuestionamientos al Presidente por haber decidido nombrar a un general “en proceso de retiro”. Se acusa ilegalidad y falta de respeto al Legislativo, al no haberse cumplido la condición de nombrar a un civil como el comandante en jefe de la Guardia Nacional.
López Obrador jugó el tiro y decidió nombrar al general de brigada DEM Luis Rodríguez Bucio. Por más que se diga que está en “proceso de retiro”, es un militar por los cuatro costados. Vendrán impugnaciones y reclamos por lo que se considera un engaño y seguramente llegará a la Corte lo que muchos señalan como un nombramiento
inconstitucional.
La apuesta operativa está hecha. El costo político a pagar está en curso. Lo que queda esperar es la eficacia de la medida. En medio de todo y con el monstruo enfrente, lo que queda ya es conceder el beneficio de la duda. Ese que parece haber concedido la comisionada Bachelet al esquivar en todo momento, durante su visita, el tema del mando militar en la recién creada Guardia Nacional
