El país vive el recrudecimiento de la violencia y la expansión de la influencia de los grupos criminales en diversas regiones del país, factores que se suman a la crisis de salud y la económica.
Los casos recientes de asesinatos en Reynosa, Tamaulipas y en Salvatierra, Guanajuato así lo exhiben, dijo Mario Flores, consejero nacional de Coparmex, al señalar que los más de 3 mil casos de homicidios confirman que la estrategia gubernamental no ha rendido los frutos esperados.
En este sentido, el presidente de Coparmex en esta capital dijo que su llamado es claro y es a favor de la consolidación de la Guardia Nacional. Es responsabilidad del Estado garantizar que la estrategia de seguridad deje a un lado toda improvisación y solución inmediatista.
La incorporación del mando de la Guardia Nacional al Ejército contraviene lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido que únicamente en las circunstancias de un caso concreto pudiera justificarse la participación extraordinaria de fuerzas armadas en labores de seguridad pública, garantizando que esto implique una intervención excepcional, temporal y restringida.
En ese contexto, el titular del Poder Ejecutivo ha planteado la necesidad de una reforma constitucional para que el mando de la Guardia Nacional se integre a la Secretaría de la Defensa Nacional. De ser así, se puede desmantelar el andamiaje legal aprobado en 2019 para que el mando de esa corporación fuese civil.
En 2019, la ley estableció que la conformación y el desarrollo de las capacidades de la Guardia Nacional requerirían un periodo de cinco años para su implementación. A dos años de distancia y con datos publicados por la propia Guardia Nacional, sabemos que el número de efectivos desplegados en el país alcanza los 101 mil 561. La cifra comparada con los 90 mil elementos con que cuenta la Secretaría de Seguridad Ciudadana de CdMx no nos permite dimensionar la necesidad de seguir ampliando su estado de fuerza y presencia.
