Con el voto aprobatorio de 20 de los 32 congresos locales, la Cámara de Diputados formuló la declaración de constitucionalidad de las reformas en materia de extinción de dominio sobre los bienes derivados de los delitos de corrupción, extorsión y robo de hidrocarburos, además de otros ya previstos en la Constitución, como la delincuencia organizada, narcotráfico y robo de vehículos.
De acuerdo con las modificaciones a los artículos 22 y 73 constitucionales, la extinción de dominio se ejercitará por el Ministerio Público a través de un procedimiento civil, independientemente del penal.
